Gilberto Díaz Moreno /ASICh
El crecimiento demográfico y la
dificultad para acceder a mecanismos de financiamiento, han demeritado la
calidad de vivienda digna, especialmente de la población rural, por ello, el
investigador Juan Carlos Palacios Ortega,
propone a legisladores de Chiapas la creación de un programa nacional de
vivienda más amplio y con una mayor orientación hacia los sectores más
desprotegidos, así como buscar mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
los más necesitados.
Una vivienda
digna, permitirá elevar las condiciones de vida de las familias, por ello,
urgió el diseño de mejores instrumentos de financiamiento, pero además, la
vivienda debe estar inserta en un entorno de desarrollo urbano con calidad de
servicios e infraestructura.
En entrevista, Juan Carlos Palacios
Ortega, propone la necesidad de reafirmar el papel del Estado como promotor y
regulador, y una nueva reforma a la legislación en materia de vivienda y
planeación urbana, así como impulsar programas de vivienda rural y urbana, pero
fortalecer la participación de la iniciativa privada en los programas de
construcción; establecer la certificación de calidad de las viviendas y,
eliminar las restricciones para garantizar a todas las familias el derecho de
acceso al suelo y a la vivienda digna.
Para ello, urge impulsar la unificación de la
normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en propiedad y renta,
mediante una nueva Ley General de Vivienda; modificar las reglas de operación
del sistema bancario y financiero y del sector público y privado de de este
sector, para hacer accesible el crédito a todos, incluyendo al sector de no
asalariados; promover la asociación de capital privado, inversión estatal y
esfuerzo propio de los sectores demandantes para construir viviendas de interés
social y popular.
Juan Carlos Palacios Ortega mencionó que el derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces
históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII,
estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores
viviendas cómodas e higiénicas, posteriormente, el país se abocó a construir la
infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la
población. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para
brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también
proporcionó vivienda a sus derechohabientes.
En febrero de 1972,
con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones,
mediante aportaciones a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a
establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y
suficiente para adquirir una vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972.
En mayo de ese mismo
año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios
a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del
Trabajo. Sin embargo, fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó
a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.
Hasta la década de
los ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención
directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación
de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la
primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los
organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.
El caso de los
chiapanecos, muchos carecen de una vivienda que cumpla con condiciones mínimas
o proporcione servicios básicos, el primero de estos servicios vitales es el de
drenaje y muchos poblaciones de la entidad, tienen que sobrevivir bajo estas
condiciones despreciables de higiene, aunado a la falta de drenaje, también
varios hogares carecen de agua entuba que
hacen mucho más fácil la manifestación de los problemas de salud.
Otro servicio es el
acceso de la energía eléctrica, una gran ironía cuando se toma en cuenta que
las presas hidroeléctricas del estado generan más de la tercera parte de la
electricidad consumida por toda la nación, por lo que el investigador, alertó
que si el gobierno si
el gobierno federal no considera las medidas necesarias en este tema, muchas
familias no tendrán más alternativa que la ocupación irregular o el
hacinamiento, principalmente en lugares de riesgo.
En
base al Censo General de Población y Vivienda indica un gran rezago en las
condiciones de vivienda: 0.73% de la población en México habita en casas de
lámina o cartón, 0.96% en casas de bambú o palma, mientras el 9.93% no tiene
acceso a servicios básicos (agua, electricidad, drenaje), concluyó. ASICh
