En
la comparecencia con motivo de la Glosa del VI Informe, el funcionario público
dijo que “el programa Abogado del Pueblo representa la respuesta del Ejecutivo
a la gran demanda social, misma que por la situación económica a la que
pertenece, habían sido rechazados y marginados de todo apoyo jurídico y legal,
impidiéndoles el desarrollo de una vida plena y equitativa, brindando en forma
gratuita asesoría, orientación y seguimiento jurídico en las materias civil,
familiar, penal y donde no existe algún impedimento legal, a todo chiapaneco
que lo solicite, principalmente a quienes no cuentan con recursos para pagar
los honorarios de un abogado particular”.
En
este año, agregó, dicho programa brindó 25 mil 804 asesorías especializadas en
materia penal, civil y familiar.
De
acuerdo a lo expresado por Carlos Eugenio Serrano Herrera, la Consejería
Jurídica, además de otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo, sirve como
instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la
relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar
cumplimiento a los fines del Estado a través del impulso a la cultura de la
legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y así elevar
el desarrollo social de la población chiapaneca, buscando el permanente
bienestar social.
Finalmente,
los diputados pidieron mayores datos sobre temas como: programa de
modernización en el Registro Público de Comercio, reformas a la Ley de Trata de
Personas y los criterios utilizados para desincorporaciones de propiedades del
patrimonio estatal.
En
esta ocasión hicieron uso de la palabra Sonia Catalina Álvarez, Hortencia
Zúñiga Torres, Vladimir Balboa Damas, Isabel Ancheita Palacios, Francisco
Javier Morales Hernández, Jorge Alberto Clemente Magdaleno y María Soledad
Sandoval Martínez.