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La diputada Sonia Rincón Sonia Rincón Chanona aseguró
que en la Cámara de Diputados Federales del Congreso del la Unión han aprobado
un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que a
través de la Secretaria de Seguridad Pública y la Secretaria de Educación,
se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e
integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.
Ante
esta realidad que impera en varios estados
de la República, dijo que tuvo que subir a la máxima tribuna de la
nación en la última sesión de la Cámara, en donde pidió el voto de sus
compañeros para este asunto considerado de obvia y urgente resolución;
afortunadamente se aprobó el punto de acuerdo.
La
legisladora dijo que la violencia que impera en el país se ha hecho
presente en las escuelas, en algunas regiones, sabemos de situaciones en las
que la delincuencia está cobrando “derecho de piso”, tanto a los maestros, para
poder cumplir con su labor de dar clases, como al personal administrativo de
las escuelas.
En el último año, en diferentes
entidades de la República tales como Guerrero, Durango, Oaxaca, estado de
México, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Morelos, Monterrey, Coahuila, Distrito
Federal etcétera, se han suscitado de manera preocupante la extorsión a
profesores, autoridades educativas y alumnos, lo que ha ocasionado
manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares para exigir
que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, garanticen condiciones
suficientes de seguridad, con el fin de hacer énfasis sobre esta situación que
lacera a la población en particular al sector educativo.
Por ejemplo, dijo que en Piedras
Negras, Coahuila, el cierre de escuelas y comercios es usual cuando existen
persecuciones y tiroteos en la ciudad; además, las actividades fuera de los
recintos escolares como visitas guiadas y recorridos han sido canceladas por el
riesgo de realizarlas sin poder garantizar la seguridad mínima de los alumnos.
Asimismo, hay escuelas que se
encuentran cerradas debido a los amagues de la delincuencia en el Estado de
Guerrero; es uno de los casos más graves en el país, puesto que a lo largo de
un año se han cerrado actividades en más de cien planteles de diferentes zonas
escolares, dejando a más de 50 mil niños sin poder atenderlos.
Las acciones del gobierno de
ese estado no han sido suficientes para
garantizar la seguridad de los profesores, para que puedan regresar a las
aulas. En respuesta, los maestros y padres de familia han empezado un
movimiento con el objetivo de exigir mayores resultados al Operativo Guerrero
Seguro, intensificar las acciones contra los secuestros de profesores, y
sobretodo el establecimiento de condiciones de seguridad y paz en las escuelas
de la entidad.
Desgraciadamente la delincuencia ha escalado de los enfrentamientos en
los alrededores de los planteles hacía las escuelas, los maestros y los
directivos se han vuelto el objetivo del crimen organizado.
Por último, dijo que es responsabilidad primordial del Estado velar
por los derechos y libertades del ciudadano y entre los derechos, el relativo a
la seguridad, a la protección de la integridad física de la persona y a la
salvaguarda de sus bienes, constituye la base y condición necesaria para el
ejercicio de los demás derechos indispensables para gozar de una vida digna. ASICh
